Taipei, marzo 1 (CNA) El representante comercial de la Unión Europea (UE) acreditado en Taiwán, Frederic Laplanche, elogió el viernes 1 a las autoridades competentes de Taiwán por haber invitado a un grupo de expertos internacionales a evaluar el desarrollo de los derechos humanos en el país, afirmando que tal paso ayudará a mejorar la situación de los derechos humanos en Taiwán.
El hecho de que Taiwán haya invitado a expertos internacionales a venir al país para evaluar los resultados alcanzados en su implementación de dos pactos internacionales sobre los derechos humanos es un "desarrollo sumamente positivo", señaló Laplanche, director de la Oficina Económica y Comercial de Europa (EETO, siglas en inglés) en Taipei, en una nota de prensa emitida ese mismo día. "La UE se siente extremadamente contenta y satisfecha de ver que una serie de conclusiones substantivas han sido alcanzadas en el curso de estos cuatro días de evaluación, y está convencido de que las mismas conclusiones serán de gran ayuda para el futuro desarrollo de los derechos humanos en Taiwán", manifestó Laplanche. "Tanto el desarrollo democrático como la protección de los derechos humanos en Taiwán merecen ser encomiados; sin embargo, la UE espera que el Gobierno de Taiwán pueda hacer también algún progreso en lo que respecta a la abolición de la pena capital en el país", añadió el jefe de la EETO. Respondiendo a la invitación que le fue extendida por el Ministerio de Justicia de Taiwán, 10 expertos internacionales han realizado desde el 25 de febrero una amplia y extensa evaluación sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, siglas en inglés) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, siglas en inglés) en el país. En el curso de una conferencia de prensa convocada en Taipei el viernes 1, los expertos internacionales urgieron al Gobierno de Taiwán a abolir la pena de muerte, señalando que "el primer paso conducente a la abolición de la pena capital es suspender temporalmente la ejecución de los presidiarios condenados a muerte. Además, los expertos internacionales propusieron también al Gobierno de Taiwán el pronto establecimiento de una comisión nacional independiente de derechos humanos. Entre los 10 expertos internacionales en derechos humanos se encuentran el Dr. Manfred Nowak, un profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Viena en Austria; el Dr. Jerome Cohen, un profesor de la Universidad de Nueva York; y Eibe Riedel, un ex miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, siglas en inglés) de las Naciones Unidas. Tanto el ICESCR como el ICCPR entraron en vigor en Taiwán el 10 de diciembre del año 2009, después de haber sido aprobados por el Yuan Legislativo (Cámara Legislativa) de Taiwán y firmados por el presidente Ma Ying-jeou para convertirse en leyes internas del país el 14 de mayo de ese mismo año. Los mencionados dos pactos fueron adoptados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1966, y la República de China (Taiwán) se convirtió en un país signatario de los dos tratados internacionales en 1967 cuando todavía era un país miembro de la ONU. Sin embargo, debido a que la situación de los derechos humanos de Taiwán en ese entonces no satisfizo las normas establecidas en los dos pactos, el ramo ejecutivo se abstuvo de promover el proceso de su aprobación por parte del Yuan Legislativo. Finalmente, la legislatura completó el proceso de aprobación respecto a las dos convenciones el 31 de marzo del 2009. La Administración Ma ha emitido dos informes sobre la situación de los derechos humanos de Taiwán, uno en idioma chino y el otro en idioma inglés, de acuerdo con los dos pactos en cuestión.
El hecho de que Taiwán haya invitado a expertos internacionales a venir al país para evaluar los resultados alcanzados en su implementación de dos pactos internacionales sobre los derechos humanos es un "desarrollo sumamente positivo", señaló Laplanche, director de la Oficina Económica y Comercial de Europa (EETO, siglas en inglés) en Taipei, en una nota de prensa emitida ese mismo día. "La UE se siente extremadamente contenta y satisfecha de ver que una serie de conclusiones substantivas han sido alcanzadas en el curso de estos cuatro días de evaluación, y está convencido de que las mismas conclusiones serán de gran ayuda para el futuro desarrollo de los derechos humanos en Taiwán", manifestó Laplanche. "Tanto el desarrollo democrático como la protección de los derechos humanos en Taiwán merecen ser encomiados; sin embargo, la UE espera que el Gobierno de Taiwán pueda hacer también algún progreso en lo que respecta a la abolición de la pena capital en el país", añadió el jefe de la EETO. Respondiendo a la invitación que le fue extendida por el Ministerio de Justicia de Taiwán, 10 expertos internacionales han realizado desde el 25 de febrero una amplia y extensa evaluación sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, siglas en inglés) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, siglas en inglés) en el país. En el curso de una conferencia de prensa convocada en Taipei el viernes 1, los expertos internacionales urgieron al Gobierno de Taiwán a abolir la pena de muerte, señalando que "el primer paso conducente a la abolición de la pena capital es suspender temporalmente la ejecución de los presidiarios condenados a muerte. Además, los expertos internacionales propusieron también al Gobierno de Taiwán el pronto establecimiento de una comisión nacional independiente de derechos humanos. Entre los 10 expertos internacionales en derechos humanos se encuentran el Dr. Manfred Nowak, un profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Viena en Austria; el Dr. Jerome Cohen, un profesor de la Universidad de Nueva York; y Eibe Riedel, un ex miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, siglas en inglés) de las Naciones Unidas. Tanto el ICESCR como el ICCPR entraron en vigor en Taiwán el 10 de diciembre del año 2009, después de haber sido aprobados por el Yuan Legislativo (Cámara Legislativa) de Taiwán y firmados por el presidente Ma Ying-jeou para convertirse en leyes internas del país el 14 de mayo de ese mismo año. Los mencionados dos pactos fueron adoptados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1966, y la República de China (Taiwán) se convirtió en un país signatario de los dos tratados internacionales en 1967 cuando todavía era un país miembro de la ONU. Sin embargo, debido a que la situación de los derechos humanos de Taiwán en ese entonces no satisfizo las normas establecidas en los dos pactos, el ramo ejecutivo se abstuvo de promover el proceso de su aprobación por parte del Yuan Legislativo. Finalmente, la legislatura completó el proceso de aprobación respecto a las dos convenciones el 31 de marzo del 2009. La Administración Ma ha emitido dos informes sobre la situación de los derechos humanos de Taiwán, uno en idioma chino y el otro en idioma inglés, de acuerdo con los dos pactos en cuestión.
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